Según la consideración de los medios de comunicación y al parecer de la opinión pública, el reciente y nuevo fracaso del diálogo social se ha hecho evidente con un gran desacuerdo y algunos pequeños acuerdos en relación con diversos temas menores, entre ellos la formación para el empleo.
En este asunto intrascendente, sin demasiado interés al parecer, los sindicatos y la patronal están de acuerdo en que la formación es un factor determinante para el desarrollo social y económico, la competitividad de las empresas, el crecimiento del empleo y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores. Coinciden, por lo tanto, en la necesidad de sostener e intensificar un modelo de formación para el empleo del que comparten su gestión y su gobierno con la Administración a lo largo de las dos últimas décadas (desde 1993) y que, según su propia valoración, presenta aspectos positivos y necesidades de mejora.
Este tema menor, el sistema de formación para el empleo, moviliza anualmente más de 3.000 millones de euros, una parte de ellos destinados a financiar la oferta formativa que llevan a cabo las propias organizaciones empresariales y sindicales.
En consecuencia, los empresarios y los sindicatos se comprometen a negociar en los próximos meses nuevos acuerdos que introduzcan mejoras en la calidad, la transparencia y la concurrencia del actual sistema y, mientras tanto, dejar las cosas como están, es decir, mantener la convocatoria de oferta a los trabajadores (cursos gratis) y el sistema de bonificaciones para las empresas.
Más allá de consideraciones políticas (mucho me temo que, una vez más, la gestión de los fondos de formación pueda convertirse en el bálsamo que calme la ansiedad que provoque la frustración por el fiasco del diálogo social), en mi opinión se deja pasar nuevamente una oportunidad para consolidar la cultura del aprendizaje permanente en las empresas y entre los trabajadores y hacer de ella un potente dispositivo con valor y utilidad reales a disposición de las personas y de los proyectos empresariales.
Es cierto que, a la vista del desinterés social o la indiferencia que provoca la formación y su importancia para el desarrollo de cualquier sociedad moderna, la consideración estratégica que de ella tienen empresarios y sindicatos justificaría su protagonismo e intervención en el modelo de gestión que se adopte. Sin embargo, la lectura de los ejes a través de los que los agentes sociales proponen reformar el sistema de formación para el empleo resulta desalentadora y retrotraen a planteamientos y posiciones de los años noventa del siglo pasado. De este modo, parecería que ni en lo social, en lo económico, en lo productivo, o en lo tecnológico nada ha cambiado. Tampoco en el modo de aprender ni en las metodologías para hacerlo.
A mi modo de ver se desaprovecha la oportunidad para establecer las bases de un modelo que libere el potencial transformador que encierra la formación, poniéndola a disposición de las empresas y de las personas y dotándola de valor real para la innovación, la cultura emprendedora y el empleo. Se plantea un modelo que más pronto que tarde deberá ser objeto de una de esas reformas estructurales que tanto se reclaman y se anuncian.
La clave una vez más está en los recursos. Hoy más que nunca, mantener un sistema público de formación para el empleo depende de su gestión eficiente y, por lo tanto, de su rentabilidad social. Y eso sólo se consigue a través de su credibilidad.