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Salvar los medios de comunicación: una propuesta atrevida

En este conciso pero provocador trabajo, Julia Cagé, profesora del Instituto de Estudios Políticos de París, no sólo elabora una innovadora propuesta de modelo de negocio para los medios de comunicación. Va más allá, al proyectarlo hacia la democracia y la economía en crisis repensando la propiedad privada y la posibilidad de una superación democrática del capitalismo. La discusión sobre los modelos de financiación de la prensa en el entorno digital es un debate recurrente en el terreno académico y profesional.  Para Julia Cagé, el modelo de financiación de la prensa en la era digital pasa por la creación de entidades sin ánimo de lucro para sostenerla. Para llegar a la formulación de esa propuesta, Cagé realiza una invitación a reflexionar sobre cómo nos informamos en la era de Google y del uso que hacemos de los medios de comunicación, a través de un diagnóstico preciso de la situación que permite comprender mejor quién produce la información, cómo se difunde y quién la consume.  

Para la autora, es necesario repensar el modelo económico de los medios de comunicación porque a pesar de ser un bien público, la información no puede ser producida directamente por el Estado, al igual que otros muchos bienes culturales. Por lo tanto, es preciso avanzar hacia un modelo como el de otras industrias culturales que permita superar la ley del mercado y del beneficio y, a la vez, escapar al control del Estado. De este modo, la información sería considerada como un bien público, un pilar de la participación política y de la democracia. La función social de los medios de comunicación conlleva que la profesión periodística ocupe un papel fundamental como mediadora entre los hechos y la sociedad dado que la actividad informativa debe velar por el derecho universal que tienen los sujetos a una información veraz, completa y objetiva. El análisis de la joven economista francesa consigue que nos replanteemos la posición de los medios de comunicación frente al control del poder económico y la publicidad para conseguir un equilibrio en el que su principal objetivo sea prestar un servicio de interés público.

El panorama desalentador de los medios en España.

En la presentación del libro en nuestro país, Julia Cagé calificaba la situación de los medios en España de “particularmente desgarradora”. La crisis ha arrasado con 11.000 puestos de trabajo: una cifra que, comparada con la de EEUU, donde 15.000 periodistas se han ido al paro en un país cuya población multiplica por siete la española, ilustra lo precario de la situación. Señalaba además que “los medios españoles están muy endeudados y dependen demasiado de los bancos”.  Sin lugar a dudas, el precariado (la nueva clase de trabajadores generada por la pérdida de salarios, empleos y derechos) es una circunstancia que afecta de modo directo a los medios de comunicación ––aunque tampoco puede hablarse de una novedad, conociendo la desmedida práctica de las empresas informativas españolas y de sus medios de comunicación de utilizar recurrentemente a jóvenes becarios––. Esta situación de la profesión periodística es sólo uno más de los elementos que configuran un panorama desalentador de los medios en nuestro país intensificado por el desplome de ventas y facturación publicitaria de los periódicos de papel, la desaparición de puntos de venta, la caída de la difusión y la transición hacia el entorno digital.

Los amos de la información en España.

Desde finales de la década de los noventa, las dinámicas de concentración han estado presentes en el panorama de los medios españoles, intensificándose durante el siglo XXI para dar lugar a un contexto empresarial en el que las fusiones, adquisiciones, y conexiones entre las industrias mediáticas tejen una compleja red de intereses e influencias para el periodismo.  En España no existe ningún tipo de regulación de los monopolios de prensa. Tampoco se pone coto a la concentración en el sector radiofónico ni en el terreno de la televisión, donde la legislación está orientada a auspiciar los procesos de concentración. “La connivencia entre los poderes económicos, mediáticos y políticos revela un panorama mediático repleto de interconexiones e intereses cruzados”.  Privatización, formación de conglomerados y transnacionalización son hoy en día tendencias comunes a los seis grupos que están detrás de los principales diarios españoles de referencia, tejiendo una compleja red en la cual la imbricación de las industrias culturales pone en serio riesgo las posibilidades reales de un pluralismo mediático efectivo.

En España existen seis grandes grupos de comunicación que facturan anualmente por encima de los 500 millones de euros: PRISA, Antena 3 (Atresmedia), Mediaset España, Unedisa, Vocento y Mediapro. Otros grupos considerados menores según este criterio, como Godó o Zeta, sí ostentan no obstante una posición muy destacada en el sector prensa. A excepción de Mediaset, todos estos conglomerados están presentes en el terreno del periodismo impreso.

En el artículo citado de Nogales y Mancinas se llega a reveladoras conclusiones. Los siete principales diarios españoles (El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Correo, La Razón) pertenecen a seis grupos de comunicación con numerosos puntos comunes. Entre otros, cuentan en su accionariado con la implicación o la participación de sectores ajenos a la comunicación (banca, aseguradoras, inmobiliarias, etc.). Tienen una importante proyección nacional, y en la mayoría de los casos, también internacional. Dentro de estos grupos de comunicación se sitúan publicaciones ideológicamente enfrentadas entre sí y/o a la tendencia editorial del propio grupo en pos de la rentabilidad económica, lo que constata la contemplación del medio de comunicación como un sector industrial más, regido únicamente por las lógicas de mercado. Estas características comunes que constituyen el perfil del grupo de comunicación español, son la demostración de la adopción de la lógica de mercado ultraliberal por parte del sector mediático en España.

Las múltiples interconexiones que existen entre estos grupos mediáticos, materializadas en acuerdos, alianzas, inversores y elementos comunes dificultan en la práctica la posibilidad de un pluralismo real en el panorama de la prensa española de referencia. En consecuencia, los periodistas realizan su labor dentro de una compleja estructura empresarial con vínculos políticos y económicos y de una dinámica que lleva a los grupos de comunicación a distribuir discursos de tendencia unívoca a nivel planetario. El periodismo cada vez se encuentra con más trabas debido a dos factores: los intereses estructurales (los dueños interconectados que están detrás de los medios) y las exigencias que la publicidad, los grupos de poder privados y los gobiernos ejercen con respecto al mercado mediático. Una maraña de intereses, de alianzas, absorciones y grandes fusiones que también salpica al periodista en bloque.

Leer la reseña completa en álabe, 17, Revista de la Red de Universidades Lectoras, http://www.revistaalabe.com.

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La Conjura de los Medios

Estamos inmersos, una vez más, en una nueva campaña electoral y asistimos, por lo tanto, a uno de los espectáculos más deplorables de la política entendida como un mero mercadeo en el que todo vale –incluso la indecencia– por un puñado de votos. En este escenario, los medios de comunicación tienen un papel determinante. Son los responsables de organizar el espectáculo como si de un festival se tratase: nuevos formatos televisivos, debates telemáticos, entrevistas íntimas… Pero no todos los candidatos son los elegidos. Los medios deciden y proponen a quiénes hay que votar y, sobre todo, a quiénes no. Esta circunstancia no es nueva, pero en esta campaña mediática resulta especialmente llamativa la exclusión que, sobre todo, los grandes medios de comunicación han decidido sobre el candidato de Unidad Popular–Izquierda Unida, Alberto Garzón.

rajoy-bertin-mejillonesLos medios de comunicación son empresas informativas, empresas privadas. Cada vez más empresas y, desafortunadamente, menos informativas. Su finalidad, como la de cualquier otro negocio, es la obtención de beneficios y su maximización. Hasta no hace demasiado tiempo esa lógica empresarial tenía un importante matiz: los medios además, por definición, debían cumplir una función social: la de informar. Ya no es así. La profesión periodística ha sido arrasada en aras del negocio. Al fin y al cabo, los medios son uno de los pilares centrales de la preservación del sistema.

En esta ocasión, al margen de sus preferencias partidistas, los medios han decidido que las opciones políticas que deben presentarse a los ciudadanos para su consideración son cuatro, ni una más ni una menos. Son las adecuadas para la banalización de la política y poder mostrar el perfil más amable y anecdótico de los líderes de esas formaciones. Contribuyen, por ejemplo, a humanizar al candidato Rajoy; a mostrar el encanto del candidato Sánchez, el dinamismo de Rivera o la presunta insolencia de Iglesias, pretendiendo fijar en nuestras mentes poco más que eslóganes y promesas.

De propuestas concretas y programas, nada. Así se decide que nos fijemos en los candidatos, en sus aficiones y en sus gustos y, sin embargo, ignoremos sus realizaciones, lo que ya han hecho en su acción de gobierno. Se oculta o se da por amortizado, por lo tanto, que, por ejemplo, el candidato al que se contribuye a humanizar representa a un partido roído por la corrupción que, con sus políticas, ha sumido en la miseria a millones de españoles, dejándolos sin casa, sin trabajo, sin derechos y sin ayudas. Que el partido de Sánchez vive inmerso en sus propias contradicciones, después de reformar de forma vergonzante la Constitución para seguir siendo legítimos ocupantes de cargos y representación en las más altas instituciones del Estado. Que Iglesias se ha perdido definitivamente de tanto buscar la centralidad del tablero político y que del proyecto inicial e ilusionante de Podemos queda poco más que la coleta. Que Rivera, por fin, es una operación de marketing político del liberalismo económico para facilitar el gobierno de unos o de otros, lo mismo da.

De Alberto Garzón sabemos poco de su esfera privada. Si acaso que es una persona joven y preparada. Un candidato interesante. Uno de los mejor valorados por los ciudadanos, en la calle, por la gente de a pié. Sin embargo, sí que sabemos que viene de lejos y que reclama una nueva constitución, un proceso constituyente desde abajo protagonizado por la ciudadanía, fruto del consenso ciudadano y no de las élites. Quizás por eso no sea de extrañar el ostracismo al que le condenan las grandes corporaciones mediáticas. Es el precio por ser de izquierdas. Es el castigo por querer un nuevo país en el que el poder no siga estando en las mismas manos, en las de los siempre poderosos.

Aquí abajo, en Granada, el candidato del PP es el paradigma de la derecha tradicional y rancia de Andalucía, la que representa a la oligarquía, a los señoritos y sus familias, a los que siempre han mandado. En contraposición, el candidato de Unidad Popular–Izquierda Unida, Diego Castillo es una persona sencilla, uno de los más de cuatro millones de parados que las políticas de su partido ha dejado en los alrededores de la miseria, en los umbrales de la pobreza. Pero de esto no se hablará, los medios no se ocuparán de ello. No les interesa.

Por eso, el 20 D puede ser el día de los valientes. Una buena ocasión para desbaratar la conjura de los necios.

No la dejen pasar.

[Ver el artículo en Motril@Digital]

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Algunas consecuencias de la JMJ2011

El mismo día que Benedicto XVI concluía su visita pastoral a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Arturo Fernández presidente de CEIM, de la Cámara de Comercio y vicepresidente de la CEOE, además de presidente del grupo empresarial Arturo Cantoblanco, a la sazón uno de los principales patrocinadores de la JMJ, adelantaba que los hoteles, el transporte y los comercios madrileños habrían obtenido unos 160 millones de euros de beneficios como consecuencia de su celebración. Además, este patrón de patrones madrileños ha señalado  que puede hablarse de la creación de más de 3.000 empleos directos y de, al menos, 7.000 indirectos.

Botín y RatoYa lo comentamos, era previsible que aún antes de la finalización de la fiesta del orgullo católico se presentaran con grandes titulares todo tipo de consecuencias positivas para la economía y para la sociedad española. En efecto, así está siendo.

Conviene recordar que, además de muchas de las principales empresas españolas, entre los patrocinadores de la JMJ figuran también algunos de los principales medios de comunicación escritos y audiovisuales de nuestro país, que se vienen dedicando a esta tarea desde hace algún tiempo. La estrategia de la manipulación no es nueva.

La organización de la JMJ ha tenido un importante componente comercial. Por eso y por toda la controversia de su financiación, los organizadores, los patrocinadores y los representantes de los empresarios madrileños (que, al fin y al cabo, son los mismos) se están apresurando con una inusual celeridad a hacer valoraciones en estos términos, destacando los resultados comerciales positivos que se han obtenido: cifras de negocio, creación de empleo, notoriedad de la marca España… Aunque parece que tardará algo más, esperamos también la presentación de los datos de retorno de la inversión de los patrocinadores.

Además de ese carácter comercial, la JMJ también ha respondido a planteamientos confesionales y políticos y cabe, por lo tanto, valorar sus efectos y resultados en estos ámbitos.

La iglesia católica ha demostrado su importante capacidad de influencia y de presión para contar con las facilidades necesarias para organizar un evento de estas características y movilizar a cientos de miles de sus fieles en torno a un mensaje de reafirmación y pertenencia que tiene como objetivo maquillar los graves problemas de imagen, de prestigio social y de vocaciones que la vienen acechando. La JMJ ha sido en este sentido una huida hacia delante, una llamada a la acción de los católicos para contener una situación cada vez más complicada.

En el terreno político, la JMJ y su parafernalia han puesto de manifiesto la indeleble alianza entre los poderosos y la iglesia católica. El poder financiero se ha puesto a disposición de la financiación del evento con fervor y entusiasmo inusitado. Por su parte, las altas instituciones del Estado y el gobierno han rebasado los requerimientos protocolarios de un estado aconfesional para manifestar su sumisión a la jerarquía católica. De algún modo, este evento ha sido la puesta en escena para el gobierno de las medidas que en los últimos años ha venido adoptando a favor de la iglesia católica: desde el incremento de su financiación vía presupuestos del Estado hasta la paralización de la tramitación de la Ley de libertad religiosa.

Por último, también pueden esperarse consecuencias en el ámbito social a corto y medio plazo.

Benedicto XVI ha advertido a los jóvenes católicos de que no es suficiente con ser creyentes, tienen que ser practicantes para fortalecer la institución de la iglesia. Y casarse y formar familias cristianas que acepten la voluntad divina, antes que rebelarse ante la injusticia y la desigualdad. Se reafirma de este modo que continuará sin ser necesaria ningún tipo de movilización para reclamar el apoyo electoral para las opciones políticas conservadoras y reaccionarias.

El discurso cínico de la iglesia presentándose como víctima de una persecución encabezada por la sociedad civil y el desprecio y la desconsideración intolerante hacia los valores que no sean los de la fe católica agrandan la brecha social entre católicos y laicos, entre quienes creen en la convivencia democrática y entre quienes pretenden la imposición de su manera de entender el mundo y la vida.

No se pierdan durante estos días las sabrosas informaciones que nos harán ver con claridad las diferencias entre unos y otros. Sabían que un gay genera en la fiesta del orgullo 15 veces más basura que un peregrino de la JMJ? Seguro que tampoco se esperaban que los beneficios de la JMJ compensarán las pérdidas ocasionadas por el 15M; pues así es, según la Comunidad de Madrid.

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