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Formación para qué

En estos días se vuelve a hablar de formación, pero no de los procesos de aprendizaje y su importancia para las personas y para las empresas. No de las oportunidades que el entorno digital y social ofrecen para adecuar esos procesos a las necesidades reales de unos y de otras. No.
Se habla de los escándalos de la formación. De la mala utilización de los cuantiosos recursos públicos destinados a la formación para el empleo, cuando no del desfalco y de la estafa aprovechando los dispositivos de un sistema arcaico y alejado de la realidad.

No es nuevo. El recorrido del sistema de formación profesional para el empleo en España está jalonado de escándalos, casos, controversias, ataques y defensas, propuestas para su modificación, peleas por el control de los fondos, sentencias de los tribunales en diversos sentidos; declaraciones grandilocuentes e impostadas. Muchas sombras. Y también algunas luces… En cierto modo, toda esta situación no es más que un dejavu que se viene produciendo desde hace más de veinte años.

Las reacciones suelen ser idénticas: titulares, programas de radio, conocimiento de casos llamativos, escándalo, denuncias, defensas numantinas, promesas de reformar el sistema…, Pero nada. Como en tantos otros asuntos, el desistimiento y la conformidad lo dejan todo como estaba. Y hasta la próxima.

A los actores institucionales parece que este sistema no les ha ido mal. Desde 1992 todos los gobiernos, uno y otro signo, han bendecido los acuerdos entre patronal y sindicatos para gobernar un modelo complejo de ayudas y subvenciones que han hecho de la formación una rutina administrativa, de catálogos de cursos de dudosa utilidad en muchos casos que, además, requiere de complejas y abultadas estructuras para su gestión.

Sin embargo, en los dos últimos años las dificultades para mantener este sistema están siendo mayores. El gobierno, a pesar de los anuncios, finallmente ha pasado de puntillas por el aparato de gestión, pero ha apuntado donde más duele: reduciendo los recursos destinados para la formación, modificando la distribución de los fondos y consolidando un sistema de reparto que asegura unos mínimos de gestión para los administradores del sistema (patronal y sindicatos).

La reducción de los recursos que gestionan los agentes sociales ha tenido efectos colaterales: deja fuera, en la mayor parte de los casos, a  empresas y centros de formación que, ante la imposibilidad de acceso al sistema, habían acomodado sus estructuras para subcontratar la formación que aquéllos no podían atender directamente, estableciendo una relación de dependencia arriesgada y casi siempre cautiva. Y en algunos casos, dando lugar a entramados empresariales ficticios para captar las subvenciones.

El sector de la formación, que creció y se consolidó a los pechos del sistema ahora, de este modo, se ve vapuleado con la consecuencia de que muchas empresas, centros de formación y  consultoras están siendo condenadas a su desaparición y a una ruina que paradójicamente contribuye a la destrucción de empleo.

edificio Fundación Tripartita

Las estructuras de formación de patronal y sindicatos tampoco están siendo ajenas a estas circunstancias, aligerándose y adelgazando a través de Eres y otras medidas amparadas por la  denostada reforma laboral. Sin embargo, la estructura administrativa del Estado mantiene intacta la Fundación Tripartita como instrumento de referencia. Una organización monolítica dotada de importantes recursos humanos al servicio del SEPE (Servicio Público de Empleo), el amo del calabozo de la distribución de los recursos económicos a organizaciones empresariales y sindicales y a comunidades autónomas.

Mientras tanto, los certificados de profesionalidad –la esperanza blanca del sistema, el elemento que por fin daría valor a esta formación, su seña de identidad– van regulándose lentamente e implantándose con parsimonia, debido a sus rígidos requisitos y especificaciones y a la necesidad de realizar importantes inversiones para su adaptación y desarrollo por parte de las empresas y centros de formación.

Formación para aprovechar las oportunidades

A la vista de lo anterior, convendría responder a la pregunta  que encabeza esta entrada. Formación, para qué. Y coincidir en una respuesta unívoca, clara y sin matices, alejada de los discursos retóricos y que no implique justificar la necesidad de la formación para las personas y las empresas (porque es evidente).

Las respuestas no deberían ser complejas: formación para aprender, para contribuir, para compartir, para innovar, para progresar, para hacer las cosas mejor. Formación para aprovechar las oportunidades.

Si las respuestas no van en esa dirección, será mayor, incluso inevitable, el riesgo de que los recursos públicos para formación (que aportan empresas y trabajadores) se diluyan y se esfumen, liquidándose otro de los derechos ganados en los últimos tiempos para procurar vivir y trabajar en mejores condiciones.

El aviso a navegantes lo ha dado, como en tantas otras cosas, la avanzadilla del gobierno de la Comunidad de Madrid con la decisión de su turbio presidente de suspender las ayudas a la formación en ese territorio ante su incapacidad para controlar el destino y el buen fin en el uso de esos fondos — o por amparar esa utilización espuria–.

Atentos.

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Formación y otros temas menores

Según la consideración de los medios de comunicación y al parecer de la opinión pública, el reciente y nuevo fracaso del diálogo social se ha hecho evidente con un gran desacuerdo y algunos pequeños acuerdos en relación con diversos temas menores, entre ellos la formación para el empleo.

Erlich

En este asunto intrascendente, sin demasiado interés al parecer, los sindicatos y la patronal están de acuerdo en que la formación es un factor determinante para el desarrollo social y económico, la competitividad de las empresas, el crecimiento del empleo y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores. Coinciden, por lo tanto, en la necesidad de sostener e intensificar un modelo de formación para el empleo del que comparten su gestión y su gobierno con la Administración a lo largo de las dos últimas décadas (desde 1993) y que, según su propia valoración, presenta aspectos positivos y necesidades de mejora.

Este tema menor, el sistema de formación para el empleo, moviliza anualmente más de 3.000 millones de euros, una parte de ellos destinados a financiar la oferta formativa que llevan a cabo las propias organizaciones empresariales y sindicales.

En consecuencia, los empresarios y los sindicatos se comprometen a negociar en los próximos meses nuevos acuerdos que introduzcan mejoras en la calidad, la transparencia y la concurrencia del actual sistema y, mientras tanto, dejar las cosas como están, es decir, mantener la convocatoria de oferta a los trabajadores (cursos gratis) y el sistema de bonificaciones para las empresas.

Más allá de consideraciones políticas (mucho me temo que, una vez más, la gestión de los fondos de formación pueda convertirse en el bálsamo que calme la ansiedad que provoque la frustración por el fiasco del diálogo social), en mi opinión se deja pasar nuevamente una oportunidad para consolidar la cultura del aprendizaje permanente en las empresas y entre los trabajadores y hacer de ella un potente dispositivo con valor y utilidad reales a disposición de las personas y de los proyectos empresariales.

Es cierto que, a la vista del desinterés social o la indiferencia que provoca la formación y su importancia para el desarrollo de cualquier sociedad moderna, la consideración estratégica que de ella tienen empresarios y sindicatos justificaría su protagonismo e intervención en el modelo de gestión que se adopte. Sin embargo, la lectura de los ejes a través de los que los agentes sociales proponen reformar el sistema de formación para el empleo resulta desalentadora y retrotraen a planteamientos y posiciones de los años noventa del siglo pasado. De este modo, parecería que ni en lo social, en lo económico, en lo productivo, o en lo tecnológico nada ha cambiado. Tampoco en el modo de aprender ni en las metodologías para hacerlo.

A mi modo de ver se desaprovecha la oportunidad para establecer las bases de un modelo que libere el potencial transformador que encierra la formación, poniéndola a disposición de las empresas y de las personas y dotándola de valor real para  la innovación, la cultura emprendedora y el empleo. Se plantea un modelo que más pronto que tarde deberá ser objeto de una de esas reformas estructurales que tanto se reclaman y se anuncian.

La clave una vez más está en los recursos. Hoy más que nunca, mantener un sistema público de formación para el empleo depende de su gestión eficiente y, por lo tanto, de su rentabilidad social. Y eso sólo se consigue a través de su credibilidad.

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