Formación ¿para qué empleo?

En las últimas semanas estamos asistiendo a declaraciones, discursos y presentaciones de propuestas, estrategias y estudios en relación con el sistema público de formación para el empleo; con su funcionamiento, con su eficacia, con su rentabilidad y, en definitiva, con sus perspectivas de futuro. El asunto me interesa; durante años me he movido profesionalmente en ese mundo procurando contribuir a su desarrollo, a su difusión y a su extensión.

Parece que hay un acuerdo unánime en la importancia de la educación y la formación para el futuro profesional de las personas, la competitividad de las empresas y el desarrollo de los países. Más aún en situaciones de crisis en las que se acentúa el valor económico de la formación: cuanto más elevado es el nivel formativo de la población menor es la pérdida de empleo.

El sistema público de formación para el empleo  nace en los años noventa para canalizar los recursos económicos procedentes de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores y de los entonces generosos fondos europeos. Surge de este modo un modelo de formación en el ámbito labor vinculado a la negociación colectiva con el protagonismo de los agentes económicos y sociales en su gobierno y en su gestión.

Su recorrido a lo largo de casi dos décadas presenta aspectos positivos, pero no pocas insuficiencias importantes.

La cara es que la formación en el ámbito laboral ha adquirido entidad propia gracias al desarrollo de la Ley de las cualificaciones y de la formación profesional (2002) y de su consideración como política activa de empleo, dando lugar a un sector de actividad económica que ha dinamizado la práctica formativa de las empresas y que está permitiendo que, anualmente, reciban formación cerca de cinco millones de personas, la mayor parte de ellas trabajadores y trabajadoras en activo.

Observatorio de la formación para el empleo. Fundación Tripartita

Por el lado de las sombras puede señalarse la intervención abusiva de las organizaciones empresariales y sindicales, la controversia sobre sus competencias de gestión entre la Administración general del estado y las comunidades autónomas, su falta flexibilidad  y apertura para responder a las necesidades empresariales, especialmente de pymes y autónomos, y el recurso exagerado a la formación de catálogo,  renunciando de este modo a la calidad en los procesos formativos. Además, se ha caracterizado por su nula apuesta por la investigación y la innovación en los procesos de aprendizaje y por las nuevas  tecnologías aplicadas a la formación.

Llegados hasta aquí, parece que hay cierto convencimiento de que estamos ante un fin de ciclo de este sistema de formación. La situación del mercado laboral ha cambiado drásticamente en los últimos años y la formación para el empleo debe dar respuesta a las nuevas necesidades y reformularse para adaptarse a estas nuevas circunstancias. En palabras de Francesc Castellana la crisis ha puesto encima de la mesa la necesidad de potenciar un modelo laboral que apueste por la formación y la adaptabilidad de los trabajadores y facilite transiciones rápidas entre empleos.

Se presenta ahora la oportunidad de revisarlo y transformarlo desde una perspectiva de gasto a una perspectiva de inversión y redefinir sus límites para que permita la flexibilización de las estrategias de formación y la adquisición de capacidades.

Es cierto que la formación por sí sola no es generadora de empleo, pero también que puede contribuir a provocar reacciones en cadena que favorezcan su creación. Por ello, cualquiera que sea el escenario el sentido central de la formación no debe ser otro que el empleo: el acceso a un puesto de trabajo, su mantenimiento, el progreso y el crecimiento profesional.

La imparable destrucción de puestos de trabajo reclama respuestas en términos de adaptación de los perfiles profesionales existentes a los requeridos por nuevas actividades y sectores económicos que se abren camino al calor de los avances en tecnología y telecomunicaciones. La sociedad aumentada, la hipersociedad está cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar y de vender y genera una demanda de formación urgente, masiva y diversificada que supera en mucho las posibilidades de los sistemas de formación convencionales, como afirmó Pedro E. Mondelo, profesor de la UPC, en la presentación del estudio El estado del arte de la formación en España.

La lectura de este informe elaborado por élogos –la principal consultora de formación para el empleo en nuestro país–, con la colaboración del IESE, ofrece una idea certera de la formación que se viene realizando en el marco del sistema.

La presentación del estudio acogió un interesante debate sobre el aprendizaje y la web social, en el que J. Salvatella, de la consultora de comunicación Roca y Salvatella, destacó la importancia del aprendizaje informal, del aprendizaje social, del aprendizaje invisible en un escenario en el que lo virtual ya forma parte de lo real. De ahí la importancia de formar en competencias digitales. De transformar los modelos de formación pasivos en activos, dinámicos. En este sentido, me ha parecido muy interesante el artículo de Dolors Reig sobre nuevas habilidades o competencias necesarias en el sector del conocimiento.

Son consideraciones y planteamientos que no pueden dejarse de lado en el debate y la negociación para reformular el modelo si se quiere disponer de un sistema público de formación en el ámbito laboral que sea un instrumento a disposición de las empresas y de las personas trabajadoras. Un modelo accesible, versátil y capaz de dar adecuada respuesta a las necesidades y requerimientos formativos del nuevo entorno productivo por encima de las disputas sobre su gestión.

Ahora es el momento de alcanzar un acuerdo político a tres partes –Administración, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales — que lo haga posible desde la responsabilidad y el compromiso con la sociedad, con la formación y con el empleo.