Formación para qué

En estos días se vuelve a hablar de formación, pero no de los procesos de aprendizaje y su importancia para las personas y para las empresas. No de las oportunidades que el entorno digital y social ofrecen para adecuar esos procesos a las necesidades reales de unos y de otras. No.
Se habla de los escándalos de la formación. De la mala utilización de los cuantiosos recursos públicos destinados a la formación para el empleo, cuando no del desfalco y de la estafa aprovechando los dispositivos de un sistema arcaico y alejado de la realidad.

No es nuevo. El recorrido del sistema de formación profesional para el empleo en España está jalonado de escándalos, casos, controversias, ataques y defensas, propuestas para su modificación, peleas por el control de los fondos, sentencias de los tribunales en diversos sentidos; declaraciones grandilocuentes e impostadas. Muchas sombras. Y también algunas luces… En cierto modo, toda esta situación no es más que un dejavu que se viene produciendo desde hace más de veinte años.

Las reacciones suelen ser idénticas: titulares, programas de radio, conocimiento de casos llamativos, escándalo, denuncias, defensas numantinas, promesas de reformar el sistema…, Pero nada. Como en tantos otros asuntos, el desistimiento y la conformidad lo dejan todo como estaba. Y hasta la próxima.

A los actores institucionales parece que este sistema no les ha ido mal. Desde 1992 todos los gobiernos, uno y otro signo, han bendecido los acuerdos entre patronal y sindicatos para gobernar un modelo complejo de ayudas y subvenciones que han hecho de la formación una rutina administrativa, de catálogos de cursos de dudosa utilidad en muchos casos que, además, requiere de complejas y abultadas estructuras para su gestión.

Sin embargo, en los dos últimos años las dificultades para mantener este sistema están siendo mayores. El gobierno, a pesar de los anuncios, finallmente ha pasado de puntillas por el aparato de gestión, pero ha apuntado donde más duele: reduciendo los recursos destinados para la formación, modificando la distribución de los fondos y consolidando un sistema de reparto que asegura unos mínimos de gestión para los administradores del sistema (patronal y sindicatos).

La reducción de los recursos que gestionan los agentes sociales ha tenido efectos colaterales: deja fuera, en la mayor parte de los casos, a  empresas y centros de formación que, ante la imposibilidad de acceso al sistema, habían acomodado sus estructuras para subcontratar la formación que aquéllos no podían atender directamente, estableciendo una relación de dependencia arriesgada y casi siempre cautiva. Y en algunos casos, dando lugar a entramados empresariales ficticios para captar las subvenciones.

El sector de la formación, que creció y se consolidó a los pechos del sistema ahora, de este modo, se ve vapuleado con la consecuencia de que muchas empresas, centros de formación y  consultoras están siendo condenadas a su desaparición y a una ruina que paradójicamente contribuye a la destrucción de empleo.

edificio Fundación Tripartita

Las estructuras de formación de patronal y sindicatos tampoco están siendo ajenas a estas circunstancias, aligerándose y adelgazando a través de Eres y otras medidas amparadas por la  denostada reforma laboral. Sin embargo, la estructura administrativa del Estado mantiene intacta la Fundación Tripartita como instrumento de referencia. Una organización monolítica dotada de importantes recursos humanos al servicio del SEPE (Servicio Público de Empleo), el amo del calabozo de la distribución de los recursos económicos a organizaciones empresariales y sindicales y a comunidades autónomas.

Mientras tanto, los certificados de profesionalidad –la esperanza blanca del sistema, el elemento que por fin daría valor a esta formación, su seña de identidad– van regulándose lentamente e implantándose con parsimonia, debido a sus rígidos requisitos y especificaciones y a la necesidad de realizar importantes inversiones para su adaptación y desarrollo por parte de las empresas y centros de formación.

Formación para aprovechar las oportunidades

A la vista de lo anterior, convendría responder a la pregunta  que encabeza esta entrada. Formación, para qué. Y coincidir en una respuesta unívoca, clara y sin matices, alejada de los discursos retóricos y que no implique justificar la necesidad de la formación para las personas y las empresas (porque es evidente).

Las respuestas no deberían ser complejas: formación para aprender, para contribuir, para compartir, para innovar, para progresar, para hacer las cosas mejor. Formación para aprovechar las oportunidades.

Si las respuestas no van en esa dirección, será mayor, incluso inevitable, el riesgo de que los recursos públicos para formación (que aportan empresas y trabajadores) se diluyan y se esfumen, liquidándose otro de los derechos ganados en los últimos tiempos para procurar vivir y trabajar en mejores condiciones.

El aviso a navegantes lo ha dado, como en tantas otras cosas, la avanzadilla del gobierno de la Comunidad de Madrid con la decisión de su turbio presidente de suspender las ayudas a la formación en ese territorio ante su incapacidad para controlar el destino y el buen fin en el uso de esos fondos — o por amparar esa utilización espuria–.

Atentos.

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